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Garantizar seguridad y movilidad: llamado de Fedepalma al Gobierno ante crítica situación en el Catatumbo

 

COMUNICADO DE PRENSA

Región requiere acciones contundentes por parte del Gobierno para preservar el orden público y el derecho al trabajo

Garantizar seguridad y movilidad: llamado de Fedepalma al Gobierno ante crítica situación en el Catatumbo

Tibú, 27 de abril de 2018

Un llamado con carácter urgente al Gobierno Nacional hace Fedepalma, para que garantice la seguridad y movilidad que requieren los habitantes de Tibú, Norte de Santander, ante el paro que ha afectado esta región y que supuestamente había finalizado el pasado 23 de abril, pero apenas concedió dos días de tregua en la guerra que enfrentan movimientos como el EPL y el ELN en la región.

En esas 60 horas de plazo, los palmicultores que laboran en la zona, cortaron y recolectaron la fruta que desde el 15 de abril estaba sin cortar y lograron procesar y evacuar parte de su producción, con un notable deterioro en la calidad del producto. La gravedad de esta situación está relacionada con la ausencia de seguridad, la falta de acceso a la movilidad para trabajar, por lo que la gente no puede ingresar a las plantaciones ni desarrollar sus actividades diarias. Esta es una situación que se repite con otros sectores agropecuarios y del comercio, afectando económica y socialmente la región.

Es así como en la noche del pasado jueves finalizó el plazo dado por el EPL antes de reiniciar su paro armado en la zona del Catatumbo, con lo cual la intranquilidad y la zozobra que viven los miles de habitantes de la zona, localizados en alrededor de 11 municipios, vuelve a aumentar.

Estos 11 municipios como El Tarra, Tibú, Hacarí, Teorama y Sardinata, se enfrentan a un drama humanitario, que según la Misión de Observación Electoral, MOE, cuenta ya 100.000 personas que se encuentran amenazadas y más de 40.000 niños que no pueden asistir a las escuelas a estudiar. De igual forma, la red médica no se puede movilizar entre una localidad y otra y adicionalmente en este escenario de confrontación también confluyen bandas criminales como Los Pelusos, el Clan del Golfo y Los Rastrojos. De acuerdo con cifras de la ONU, la guerra ha hecho que aumente la cantidad de desplazados en la zona y ya se habla de más de 3.600 campesinos que han dejado sus tierras por este hecho.

Desde el inicio de esta guerra entre ilegales, el pasado 14 de marzo, 90.000 personas no pueden movilizarse libremente, hay 22 refugios humanitarios establecidos, 1.500 toneladas de productos agrícolas represados, 80 instituciones educativas cerradas y 6.633 personas desplazadas.

El Gobierno en un principio no reconoció la gravedad de la situación, pero luego hizo presencia en la zona mediante una comisión de alto nivel enviada por el presidente Juan Manuel Santos, con el vicepresidente Óscar Naranjo a la cabeza y el ministro del Interior, Guillermo Rivera. Con ellos llegaron 2.000 soldados. El Ejército también transportó a la zona 4,5 toneladas de alimentos para impedir que la crisis humanitaria escale, pero esto no ha sido suficiente.

Jens Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo de Fedepalma, señala que la palma de aceite se ha convertido en el primer producto agropecuario de Norte de Santander con 32.000 hectáreas sembradas, con lo cual el sector contribuye a sacar a la gente de la pobreza con una forma lícita de trabajar, que además genera empleo formal, estable y bien remunerado, al tiempo que el gremio promueve los negocios inclusivos, capaces de incorporar a los campesinos en una actividad que propicia su empresarización y así mismo que se desarrolle cada día más una nueva clase media rural.

Fedepalma hace notar que desde hace varios meses, la delicada situación de alteración del orden público que vive actualmente la región del Catatumbo no permite trabajar ni producir normalmente, toda vez que el sector productivo se ha frenado ante la disparada que han registrado los cultivos de coca en la zona, lo cual estimula la cultura del dinero fácil, de la ilegalidad y limita la operación de actividades lícitas, entre ellos el cultivo de la palma de aceite.

El gremio señala que la problemática social actual que se ha derivado de cultivo de coca y de la inseguridad que éste genera en la región, debe tener como respuesta, por parte del Gobierno, un paquete de políticas robustas que le permitan ofrecer a los habitantes del Catatumbo claras oportunidades de desarrollo laboral, lideradas por los diferentes Ministerios y entidades adscritas, conjuntamente con la empresa privada, en el camino de brindar efectivas opciones de progreso que puedan ponerle coto a la ilegalidad.

El gremio plantea que se requieren medidas estructurales para superar esa problemática a través de una mayor presencia del Estado y provisión de bienes públicos que restablezcan el tejido social, restituyan la confianza, garanticen la convivencia y cambien contundentemente la cara critica que impera en la zona y atraiga inversión productiva, local y extranjera y todo ello se traduzca en motor de progreso, bienestar y paz para los habitantes de esta región, que tanto lo necesitan.

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